Puerto Montt presenta primera querella penal por uso fraudulento de licencias médicas

La acción judicial, declarada admisible por el Juzgado de Garantía, apunta a médicos y funcionarios municipales que habrían incurrido en delitos de falsificación y fraude al Fisco, según denuncias detectadas por la Contraloría.

La Municipalidad de Puerto Montt presentó una querella penal contra todos quienes resulten responsables por el uso irregular de licencias médicas, en una acción inédita a nivel nacional. La medida surge tras la investigación realizada por la Contraloría General de la República, que detectó cientos de casos irregulares vinculados a funcionarios municipales.

La querella fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Puerto Montt y apunta a posibles delitos de falsificación de instrumentos públicos y privados, uso malicioso de documentos falsificados, fraude al Fisco e infracción al artículo 202 del Código Penal.

La acción judicial sostiene que los hechos no solo afectan la fe pública, sino que también comprometen principios fundamentales del aparato estatal, como la probidad, el resguardo del patrimonio fiscal y el correcto ejercicio de la función pública.

Según antecedentes expuestos por el municipio, en solo dos años cinco médicos habrían emitido 2.500 licencias médicas dirigidas exclusivamente a trabajadores municipales. La querella busca establecer la eventual responsabilidad penal tanto de los profesionales de la salud como de los funcionarios que obtuvieron las licencias de forma fraudulenta.

El abogado Marcos Emilfork, a cargo de la Unidad Penal Municipal (UPM), afirmó que “a través de esta acción legal buscamos que se investigue en profundidad por la Fiscalía la eventual responsabilidad penal por la comisión de delitos por parte de médicos que otorgaron fraudulentamente licencias médicas, como de funcionarios públicos y especialmente municipales que las obtuvieron irregularmente”.

La querella también solicita extender la investigación a licencias emitidas por médicos ajenos a la institución municipal y pide a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI realizar todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y reunir antecedentes útiles para la investigación penal.

De acuerdo con la Contraloría, inicialmente se identificaron 483 funcionarios que salieron del país mientras se encontraban con licencia médica. Sin embargo, al verificarse viajes múltiples de algunas personas, la cifra se ajustó a 341.

La UPM ha intervenido en cerca de 50 casos, incluyendo situaciones de alta connotación pública, como la detención de un imputado por robo con múltiples condenas previas, que actualmente se encuentra en prisión preventiva gracias a la coordinación entre el municipio, la Fiscalía y el Poder Judicial.