Corte revoca arresto domiciliario y decreta prisión preventiva por robo de cables en Puerto Montt

El imputado fue sorprendido con más de ocho toneladas de cobre robado en su local de Mirasol, además de una pistola de fogueo prohibida por ley. La decisión se tomó tras la apelación de la Fiscalía y la Unidad Penal Municipal.

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió la solicitud de la Fiscalía y de la Unidad Penal Municipal (UPM) y revocó la medida de arresto domiciliario total dictada inicialmente contra un ciudadano venezolano, quien fue sorprendido con más de 8.000 kilos de cables de cobre en su local comercial del sector Mirasol.

El operativo, en el que participaron Carabineros, el Servicio de Impuestos Internos y la Fiscalía, también permitió el hallazgo en la vivienda del imputado de una pistola de fogueo con posibilidad de ser modificada para disparar municiones reales, elemento considerado armamento prohibido según la Ley de Control de Armas.

Durante la audiencia de apelación, la UPM participó como parte querellante. El abogado Juan Francisco Reyes señaló que "la libertad del imputado constituía un peligro concreto para la seguridad de la sociedad, ya que mantenía en su poder elementos que revelan un negocio criminal organizado y sostenido en el tiempo, relacionado con el robo de cables que afecta profundamente a todos los vecinos de la ciudad".

El caso se enmarca en un operativo simultáneo desarrollado en Mirasol y Alerce, que dejó un total de cinco detenidos. En Alerce, cuatro personas fueron formalizadas, y una de ellas también quedó en prisión preventiva por receptación, comercio ilegal y posesión de elementos para cometer delitos.

El material incautado fue parcialmente reconocido por la concesionaria Ruta del Canal y por el Departamento Eléctrico de la Municipalidad de Puerto Montt.

Desde la UPM, que lidera el exfiscal regional Marcos Emilfork, se han presentado seis querellas vinculadas al robo de cables, tres de ellas por asociación delictiva. Además, se solicitó al Ministerio Público la apertura de un foco investigativo a cargo del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI), con el fin de abordar estos delitos de forma coordinada.

Actualmente, la Unidad Penal Municipal interviene en cerca de 50 causas penales, en su rol de apoyo a la seguridad pública y defensa de los intereses municipales.