Hombre condenado a presidio perpetuo por violación con femicidio en Castro.

El imputado recibió la pena máxima por el delito de violación con femicidio, perpetrado en Quellón en septiembre de 2023, contra una ciudadana colombiana.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Castro condenó a C.I.G.R. a presidio perpetuo, más las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos por el tiempo de la vida del penado y la sujeción a la vigilancia de la autoridad por el máximo que establece la ley, en calidad de autor del delito consumado de violación con femicidio. El ilícito fue perpetrado en Quellón, en septiembre de 2023.

En un fallo unánime, el tribunal, integrado por los magistrados Rodrigo Alarcón Contreras (presidente), Loreto Yáñez Sepúlveda y Pablo Farfán Kemp (redactor), dio por acreditado que la noche del 25 de septiembre de 2023, C.I.G.R. contactó a la víctima, una ciudadana colombiana de 35 años, para acordar la prestación de servicios sexuales en su domicilio en Quellón.

Una vez en el domicilio, alrededor de las 23:59 horas, el acusado C.I.G.R., "sin provocación y con ánimo de vencer su resistencia", agredió a la víctima con sus manos y elementos contundentes en la cara, brazos, cráneo, extremidades superiores e inferiores, entre otras zonas del cuerpo. Mediante el empleo de fuerza y sujeción, la violó, ocasionándole múltiples lesiones.

Posteriormente, con el fin de darle muerte, C.I.G.R. la apretó el cuello con las manos y, luego, con un cable, provocándole la muerte por asfixia por estrangulación.

En la determinación de la pena, el tribunal ponderó que el artículo 372 bis del Código Penal sanciona el delito de violación con femicidio con la pena de presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado. Conforme al inciso 2° del artículo 68 del mismo cuerpo legal, al concurrir una atenuante y ninguna agravante, el tribunal impuso la pena de presidio perpetuo, al tratarse de una pena indivisible.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.