Minsal destituye a cuatro funcionarios tras denuncias de agresiones en hospital de Osorno

El Ministerio de Salud informó, mediante una declaración publicada en redes sociales, la destitución de cuatro funcionarios del Hospital Base San José de Osorno tras la difusión de videos que muestran presuntas agresiones a un trabajador del recinto. Los hechos, ocurridos entre 2018 y 2020, fueron dados a conocer públicamente este 2 de septiembre a través de un reportaje de Radio Biobío.

En el comunicado, la cartera de Salud señaló que “reitera su condena a estos actos de alta conmoción pública y humana, de los cuales tomó conocimiento a través de la nota periodística difundida el 2 de septiembre”.

Ese mismo día, la ministra Ximena Aguilera ofició al Servicio de Salud de Osorno para obtener antecedentes inmediatos de la situación. Tras recibir la información el 3 de septiembre, se dispusieron varias medidas, entre ellas el envío de un abogado del gabinete ministerial al hospital, la entrega de antecedentes al Instituto Nacional de Derechos Humanos y la orden de ejecutar sanciones administrativas pendientes. Estas incluyen la destitución de los funcionarios implicados.

El comunicado añade que se instruyó al Servicio de Salud Osorno que “ejecute de manera inmediata las sanciones establecidas en los sumarios administrativos, que se traducen en la destitución de los cuatro funcionarios involucrados en estos graves episodios”.

Además, la Subsecretaría de Redes Asistenciales abrió un nuevo sumario para investigar la omisión de denuncia a Fiscalía por parte de las autoridades hospitalarias de la época, así como la revisión de los procedimientos que habían concluido en sobreseimientos.

En paralelo, la fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, confirmó que la Fiscalía Local inició una investigación de oficio para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades penales. El Ministerio Público trabaja junto a la Policía de Investigaciones y ya tomó contacto con la víctima, activando los mecanismos de apoyo de la unidad de atención a víctimas y testigos.

La indagatoria busca establecer si los hechos podrían constituir el delito de tortura, distinto a la causa de 2020 que había finalizado con una suspensión condicional del procedimiento.

En el siguiente enlace puedes revisar el comunicado del Minsal