Constructora que quebró tras fallida reposición de liceo en Osorno demanda al municipio y al Gobierno Regional

La acción civil apunta a presuntas irregularidades técnicas y administrativas en el proyecto del Liceo Carmela Carvajal de Prat, y solicita indemnizaciones superiores a los 45 mil millones de pesos.

Una demanda civil fue presentada ante los tribunales de justicia en contra de la Ilustre Municipalidad de Osorno y el Gobierno Regional de Los Lagos, en el marco del fallido proyecto de reposición del Liceo Carmela Carvajal de Prat, una de las obras educacionales más relevantes de la comuna.

La acción judicial fue interpuesta por Constructora Baker Limitada y su representante legal, quienes solicitan la nulidad del contrato, su liquidación, la declaración de falta de servicio y el pago de indemnizaciones que superarían los 45 mil millones de pesos, derivadas —según se consigna en la demanda— de una ejecución que habría sido inviable desde su origen.

De acuerdo con el libelo, el proyecto se habría sustentado en antecedentes falsos, permisos de edificación caducados y diseños estructurales defectuosos, situaciones que, a juicio de la parte demandante, comprometían la viabilidad técnica de la obra.

El abogado Marcos Velásquez, representante judicial de Constructora Baker, sostuvo que “Baker fue una empresa importante en la Región de Los Lagos en la ejecución de obras públicas, tan importantes como el CAMM de Puerto Varas o el Centro Cultural de Castro, y que quebró, no por actos irregulares de sus administradores y propietarios, sino que producto de un proyecto mal diseñado y con grave responsabilidad administrativa de la Municipalidad de Osorno especialmente, en un proceso con hechos que podrían bordear la corrupción”.

Cuestionamientos a la seguridad estructural

Uno de los puntos centrales de la demanda se relaciona con la seguridad estructural del establecimiento. Según se expone, los diseños entregados por la autoridad contendrían pilares y elementos estructurales que no cumplirían con normas sísmicas básicas, lo que, de haberse ejecutado conforme al proyecto original, habría puesto en riesgo a la comunidad educativa.

Asimismo, el escrito judicial acusa deficiencias en la supervisión técnica, incluyendo la participación de profesionales que no contarían con responsabilidad legal vigente, modificaciones estructurales suscritas por proyectistas no habilitados y la actuación de Inspectores Técnicos de Obra que no estarían inscritos en el registro del MINVU, contraviniendo la normativa aplicable.

Sobrecostos y término anticipado del contrato

En el ámbito financiero, la demanda sostiene que la constructora habría debido asumir sobrecostos millonarios para corregir errores que no le serían imputables, sumados al alza de materiales registrada durante la pandemia, sin que dichas cargas fueran reconocidas por las entidades mandantes.

Según se expone, tras más de ocho ampliaciones de plazo y con un avance físico cercano al 70%, el municipio puso término anticipado al contrato, invocando una supuesta paralización injustificada, lo que la parte demandante califica como arbitrario e ilegal, y que habría precipitado la quiebra de la empresa.

Posteriormente, siempre de acuerdo con la demanda, el municipio y el Gobierno Regional habrían adjudicado la continuidad de la obra por montos que quintuplicarían el valor de las obras pendientes, generando un eventual perjuicio al erario público.

El abogado Velásquez afirmó que “esta demanda pretende que se aclare la verdad de todos los hechos, que los responsables asuman sus responsabilidades, pero también para prevenir que se produzcan riesgos a la integridad, a la vida de los estudiantes y la comunidad escolar del Liceo Carmela Carvajal de Osorno”, agregando que “es importante que la Dirección de Arquitectura del MOP revise los detalles del proyecto. Tiene graves problemas. Esto puede causar una tragedia”.