Consejo para la Transparencia: gastos de la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU deben ser públicos

El CPLT resolvió que no existe causal legal que permita reservar los recursos utilizados para promover la candidatura de la expresidenta a la Secretaría General de la ONU, reafirmando que se trata de información esencialmente pública.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) determinó que los recursos públicos utilizados para promover la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas son información esencialmente pública, y que no es procedente aplicar causales de reserva para mantenerlos en secreto.

La resolución responde a la solicitud presentada por los diputados Christian Moreira y Felipe Donoso, quienes consultaron si el Ejecutivo podía mantener bajo reserva el costo fiscal de la campaña internacional de la exmandataria, luego de que la Cancillería señalara inicialmente que parte de los antecedentes podría vincularse al “interés nacional”.

El Consejo Directivo —integrado por su presidenta Natalia González y los consejeros María Jaraquemada, Roberto Munita y Bernardo Navarrete— concluyó que no existe una afectación presente o probable que permita invocar la causal del artículo 21 N°4 de la Ley de Transparencia. Por el contrario, sostuvo que se trata de información relativa al uso, gestión y ejecución de fondos públicos, que debe mantenerse disponible y sujeto al escrutinio ciudadano.

El CPLT recordó que la regla general en Chile es la publicidad de la información y que las excepciones deben interpretarse de manera estricta, requiriendo demostrar con precisión el daño que provocaría su divulgación. En este caso, el organismo determinó que no se acreditaron riesgos para las relaciones exteriores ni para otros bienes jurídicos protegidos por la ley.

El pronunciamiento también consideró que la Cancillería ya había hecho públicos algunos antecedentes, indicando que se habían ejecutado US$ 17.423 en viáticos, estadía y pasajes, junto con una proyección de US$ 40.000 adicionales para la fase final de la campaña. Para el Consejo, estos gastos —al corresponder a fondos fiscales— deben ser conocidos y rendidos conforme a las normativas que rigen a los órganos de la Administración del Estado.

La presidenta del CPLT, Natalia González, subrayó que la decisión refuerza los estándares democráticos de control ciudadano porque “por regla general, toda disposición de recursos fiscales debe ser pública. La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se asignan, administran y ejecutan estos fondos, más aún cuando se trata de iniciativas de alto interés público y proyección internacional”.

El organismo añadió que cualquier uso futuro de recursos asociados a esta postulación también será información esencialmente pública, salvo que se acrediten de manera específica causales de reserva establecidas en la ley.