Nueva ley tributaria impone mayores controles a las Pymes

La norma busca reducir la informalidad y facilitar el cierre de empresas, pero también eleva las exigencias administrativas para las pequeñas y medianas empresas.

Con el objetivo de aumentar en un 1,5 % del PIB los ingresos fiscales mediante el combate a la informalidad, evasión y elusión tributaria, entró en vigencia la nueva Ley de Cumplimiento Tributario. La normativa entrega nuevas facultades al Servicio de Impuestos Internos (SII) e introduce una serie de medidas que afectan directamente a las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

Entre los cambios más relevantes, se establece que las instituciones financieras deberán reportar al SII ciertas operaciones cuando se cumplan determinados umbrales. Jorge Morales Guíñez, director de Tax & Legal BPO de KPMG en Chile, explicó que “se informarán aquellas cuentas que reciban más de 50 abonos de personas distintas a un mismo contribuyente en un mes, o bien, 100 o más abonos en un periodo de seis meses, informando el abono agregado”.

Además, la ley exige identificar al pagador en operaciones en efectivo que superen las 135 UF, con el fin de mejorar la trazabilidad y el control. Esta medida quedó regulada mediante la Resolución Exenta N° 44 del 7 de abril de 2025.

Otra de las disposiciones establece que los organismos del Estado, junto con plataformas digitales y proveedores de medios de pago, deberán exigir el inicio de actividades como requisito para operar, reforzando así la formalización de los contribuyentes. También se crea un procedimiento simplificado para el cierre de empresas, lo que busca facilitar el término de giro ante el SII.

En cuanto al cobro de intereses por deudas tributarias, se establece una nueva tasa diaria basada en el interés corriente para ciertas operaciones, más un recargo. En general, esta tasa resulta más baja que la que se aplicaba anteriormente, que era de 1,5 % mensual.

La ley también incorpora facilidades de pago, permitiendo convenios con un anticipo no superior al 5 % de la deuda y un plazo de hasta 18 cuotas. Asimismo, se modernizan los procedimientos para declarar incobrables las deudas tributarias, lo que permitiría a las empresas gestionar de forma más eficiente sus obligaciones fiscales.

Sobre la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), Morales señaló que “se fortalece mediante nuevas facultades para representarlas en procedimientos administrativos ante la Tesorería General de la República y el Servicio Nacional de Aduanas, además de brindar representación judicial en casos de vulneración de derechos”.

Como parte del combate al crimen organizado, la ley establece incentivos para la denuncia anónima de delitos y obliga a identificar a los proveedores de artículos usados.

“El nuevo marco normativo representa un avance en la formalización y equidad del entorno empresarial, pero también impone mayores controles y fiscalización para las Pymes”, comentó Morales. Agregó que estos cambios pueden implicar un aumento en la carga administrativa y los costos operacionales, aunque con asesoría contable y tributaria adecuada las empresas podrían adaptarse de manera eficiente y concentrarse en su desarrollo.