Cosechando violencia desde el hacinamiento en el aula

Por Sebastián Roa Echeverría. Académico Pedagogía en Educación Media de la Universidad Andrés Bello.

El aumento de la violencia dentro de las escuelas chilenas ha generado preocupación en toda la sociedad, pero las soluciones propuestas hasta ahora han estado centradas en el castigo y la criminalización del estudiantado, sin abordar las condiciones estructurales que propician este problema. Entre ellas, una de las más críticas y largamente ignoradas es el hacinamiento en las salas de clases, donde el espacio disponible por estudiante muchas veces no supera el metro cuadrado.

Estudios han demostrado que la cantidad de estudiantes por aula influye directamente en el bienestar y rendimiento académico. La evidencia es clara: cuando el número de alumnos supera los 20-25 por sala, el desempeño académico disminuye y la convivencia se vuelve más difícil. Sin embargo, en Chile, es común ver cursos con 40 o más estudiantes, lo que genera ambientes caóticos, aumenta la contaminación acústica y limita la capacidad del docente para atender las necesidades individuales de su alumnado. Al comparar nuestra realidad con otros países, queda en evidencia la severidad del problema: Mientras que la legislación chilena exige una superficie mínima de 1,1m2 por estudiante en aula, países como Canadá y Estados Unidos superan los 3m2. Otros países como Corea del Sur llegan a superar los 5m2. Respecto a la cantidad total de estudiantes. mientras que en Chile el promedio por aula es de 30, los países de la OECD promedian 24.

Este problema se profundiza en colegios donde se concentran altos porcentajes de estudiantes con necesidades educativas especiales, sin los apoyos adecuados para garantizar procesos de aprendizaje inclusivos. En estas condiciones, los docentes no solo deben enfrentarse al reto de manejar un grupo numeroso, sino que además carecen de las condiciones y los apoyos necesarios para ofrecer una enseñanza diversificada y equitativa. Así, se crean espacios de frustración tanto para estudiantes como para profesores, aumentando la probabilidad de conflictos y situaciones de violencia.

Es evidente que una menor cantidad de estudiantes en aula no solo facilitaría una mejor gestión del aprendizaje, sino que también permitiría fortalecer el vínculo docente-estudiante. La literatura ha demostrado que la calidad de la relación entre profesor y alumno es un factor crucial en la reducción de incidentes violentos en la escuela, incluso más que la relación entre el estudiante y su familia. Cuando un docente tiene la posibilidad de conocer mejor a su estudiantado, atender sus inquietudes y acompañarlos en su desarrollo socioemocional, se generan ambientes que promueven un comportamiento prosocial menos agresivo, basado en la confianza y la empatía.

A pesar de que este problema ha sido ampliamente estudiado y documentado, las soluciones desde la política educativa han sido nulas. Se insiste en medidas reactivas y punitivas que solo buscan contener los episodios de violencia y sancionar a los victimarios, sin abordar las causas profundas que los generan. La pregunta es inevitable: ¿Cuándo el Estado reconocerá que el abordaje criminalizador de la violencia escolar no es una solución, sino una prueba de la ineficacia del sistema educativo en la promoción de la sana convivencia? ¿Qué hace falta para que las autoridades comiencen a generar los cambios necesarios para reducir la cantidad de estudiantes por sala y mejorar las condiciones ambientales de las escuelas?

La solución a la violencia escolar es compleja y depende de múltiples iniciativas de promoción universal y focalizada, pero hay factores clave donde las intervenciones pueden generar un impacto significativo. Disminuir la cantidad de estudiantes por aula es una de ellas. Es hora de dejar de ignorar esta realidad, reconocida históricamente por el profesorado chileno. Debemos exigir políticas que garanticen genuinamente condiciones mínimas de dignidad y seguridad para construir ambientes propicios para el desarrollo integral de todos los miembros de las comunidades educativas.