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Por María Isabel Triviño , 1 de septiembre de 2021

Servicio de Salud Osorno fue condenado a pagar más de $48 millones a ex funcionario

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Juzgado de Letras del Trabajo local acogió la demanda de vulneración de garantías constitucionales, interpuesta por el trabajador desvinculado en febrero de 2020.

Al pago de una indemnización que supera los $48 millones fue condenado el Servicio de Salud Osorno, luego que el Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad acogiera la demanda de vulneración de derechos fundamentales interpuesta por un ex funcionario de la repartición, quien fue despedido en febrero de 2020.

De acuerdo a la información publicada en la página web del Poder Judicial, el fallo de la magistrada Mariangel Cabrera Rabie señala que dicho servicio “incurrió en un grave, infundado y desproporcionado acto, que significaron la lesión a la garantía constitucional y legal de la no discriminación y libertad de trabajo, y a su integridad física y síquica, al término de la relación laboral (del demandante)”.

Por ello, el tribunal acogió la denuncia de tutela laboral y determinó que la repartición deberá pagar al ex funcionario una indemnización de $18.387.184 por concepto de ocho remuneraciones; $22.983.980 por lucro cesante y $6.895.194 por daño moral, lo que totaliza $48.266.358.

En la resolución, se establece que el despido anticipado del funcionario se realizó con infracción de ley y con vulneración de garantías constitucionales, al no fundamentar el término anticipado de la contrata “a través de un acto administrativo infundado, el 26 de febrero de 2020, en circunstancias que en enero había sido renovada por todo el año”. 

El fallo mencionado en el portal del Poder Judicial señala que el entonces funcionario fue desvinculado, sin que se justificara “el fundamento y proporcionalidad de la medida, ni menos aún acreditar que dichos servicios ya no eran necesarios”.

En esta línea, el documento expresa que el término anticipado de la relación laboral “constituyó un uso abusivo de las facultades de la jefatura, una decisión arbitraria y, por ende, discriminatoria, por cuanto se lesionó el derecho fundamental del trabajador de igualdad y no discriminación y, consecuencialmente, su derecho a la libertad de trabajo”.

Asimismo, el dictamen añade que “el acto administrativo infundado y por ende arbitrario que dio término anticipado a su contrata (…) tiene como consecuencia que el demandante tenía derecho a su cargo e implica la pérdida de las remuneraciones que por lo menos hasta esa fecha la autoridad le había asegurado, perjuicio económico que debe ser indemnizado”, concluye el fallo del Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno.

 

 

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